jueves, 20 de septiembre de 2007

Al Día con Hildebrandt - 20 Sept. 2007

La impostura en el Perú se ha convertido en una realidad extendida
Manuel Bernales Alvarado, presidente del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) y el ambientalista Antonio Brack Egg trabajaron para minera Majaz, como lobbista y como consultor respectivamente.
Audio 1



1. ¿Por qué Manuel Bernales y Antonio Brack se muestran tan condesendientes con el proyecto de la minera Majaz?
2. Noticias del día.

3. Javier Valle Riestra, ex-ministro fujimorista, ataca a la Defensoría del Pueblo por no condenar la consulta popular del pasado 16 de septiembre sobre minera Majaz.
4. Noticias internacionales
5. La interminable guerra interna en Colombia. Entrevista a Martha Nidia Ascuntar Achicanoy, colombiana defesora de derechos humanos refugiada en España.
6. Proyecto de ley sobre licencia de construcciones promueve la informalidad. Entrevista a Javier Piqué del Pozo, experto en contrucciones antisímiscas, Decano del Colegio de Ingenieros de Lima
7.Más noticias del día.







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Imágenes: EcoPerú, CONAM, Amarengo.

6 comments:

Anónimo dijo...

DESDE FRANCIA LE ENVIAMOS EL SGTE. ARTICULO:
“ LA COLOMBIA DE INGRID BETANCOURT”
Por Maurice Lemoine
Le Monde Diplomatique
N) 625 – Abril 2006
Apoyados por la mano de los paramilitares de extrema derecha, los partidos políticos que apoyan en Colombia al Presidente Álvaro Uribe, han obtenido la mayoría en las elecciones legislativas del 12 de Marzo. A pesar de una de abstención próxima al 60 %, esta victoria conforta las posibilidades de reelección de Uribe en el escrutinio presidencial del 28 de Mayo próximo. La continuación de la “guerra total” llevada contra la guerrilla hará mas difícil el “intercambio humanitario” reclamado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para liberar a sus “prisioneros políticos” entre los cuales se encuentra la franco-colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada desde hace más de cuatro años.
Una investigación de Maurice Lemoine
En esta selva espesa “en algún lugar de Colombia” llueve, y sigue lloviendo, y después caen trombas de agua. Cuando la catarata se calma es para dejar el paso a una llovizna pesada. Las hojas gotean, la vegetación chorrea, el barro cubre el barro. Protegidos por sus largos impermeables deformados por el arma, siempre en el tirante, pequeños grupos de guerrilleros se dedican a sus ocupaciones.
A la pregunta que le hacíamos, a comienzos de febrero, el Comandante Raúl Reyes, portavoz de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), responde sin un segundo de vacilación: “Puedo certificar que Ingrid Betancourt está viva, que está en buen estado de salud. Es una mujer muy inteligente, muy capaz, y como todos los prisioneros, desea que un acuerdo humanitario sea firmado”. Una sonrisa de cinismo: “Es perfectamente normal que quiera recobrar su libertad”.
Franco-colombiana, la Sra. Betancourt se ha convertido en el símbolo de los rehenes del conflicto que desgarra a este país. Elegida diputada, después senadora, se enfrentó rápidamente a la hostilidad de una gran parte de la clase política denunciando, no sin valor, sus tráficos y su corrupción. Muy crítica hacia los movimientos de oposición armada, aboga sin embargo, por una salida negociada del conflicto. Es, bajo los colores de su pequeño partido, Oxigeno Verde, que se lanza a la campaña para la elección presidencial del 26 de mayo del 2002.
A algunos meses de esa fecha, el 20 de Febrero, el Gobierno rompe las conversaciones de paz llevadas con las FARC, en las proximidades de San Vicente del Caguán, una gran zona desmilitarizada. Las fuerzas gubernamentales, en una violenta ofensiva, ocupan nuevamente la aldea y sus alrededores. A la Señora Betancourt, las autoridades le niegan la posibilidad de viajar por vía aérea con los periodistas que acompañan al Jefe del Estado, Andrés Pastrana, tal como ella lo solicita en virtud de su estatus de candidata a la presidencia. A pesar de los consejos insistentes que intentan disuadirla, la Señora Betancourt decide ir por tierra. El 23 de Febrero, en compañía de su agregada de prensa, Señora Clara Rojas y de dos periodistas, penetra en la zona donde los combates entre el ejército y la guerrilla hacen furor. Rechaza dar media vuelta cuando el conductor, de lejos, percibe la barrera de interceptación puesta por los insurgentes.
El 28 de junio de 2001, las FARC liberaron unilateralmente doscientos cuarenta y dos soldados y policías en La Macarena (Meta) guardando en su poder, únicamente los oficiales. La oligarquía, no soltó a ningún guerrillero como intercambio. “Durante una conversación, cuenta el Comandante Reyes, el Alto comisionado para la paz de esa época, Camilo Gómez, en mi presencia, dijo a Marulanda (jefe histórico de la guerrilla) que ni el gobierno de Pastrana ni el que le seguiría aceptaría un acuerdo de intercambio humanitario. Que si las FARC no se sometían a las condiciones de Pastrana, podían olvidarlo. A nosotros nos pareció eso un chantaje y dijimos: “Si no quieren es su responsabilidad”.
Dolidos, los guerrilleros previenen entonces que secuestrarán miembros de la clase política que ellos juzgan “tan indiferentes al drama de la guerra vivida por el pueblo como a la suerte de los soldados que combaten en los rangos del ejército”. Desde entonces, han secuestrado el más gran número posible de personalidades con el fin de hacer presión sobre el gobierno para obtener, como intercambio, la libertad de quinientos de sus combatientes detenidos.
La llegada al poder de Álvaro Uribe, el 07 de agosto de 2002, marca una escalada en la confrontación militar. Curiosamente, el poder intenta, por todos los medios, de convencer a la “comunidad internacional” que no hay conflicto armado en Colombia. Únicamente una “amenaza terrorista”. Durante los veinte y dos últimos años, este “conflicto que no existe” ha costado la vida, a por lo menos, setenta mil personas y ha producido tres millones de desplazados internos. El país vive realmente una conflagración de carácter social, económico y político, en el marco de una guerra civil que dura desde hace decenios.
Inscritas en la lista americana de las organizaciones terroristas en septiembre 2001 y después en la de la Unión Europea, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han visto como se les retira el status de beligerantes. Sin embargo, si nos atenemos a la definición del protocolo II adicional de las cuatro convenciones de Ginebra, ratificado por Bogotá el 18 de mayo de 1995, Colombia vive un “conflicto armado interno, sin carácter internacional: un conflicto donde se confrontan las fuerzas armadas del Estado con otras fuerzas, igualmente armadas, identificables, que se oponen al Estado, van vestidas con uniformes conocidos, llevan abiertamente las armas, dependen de un comandante y han, o han sido en un momento dado, reconocidas como tales por el Estado”. Como testimonio, las conversaciones de paz llevadas en 1984 por el Gobierno de Belisario Betancur, y después las que tuvieron lugar del 07 de Noviembre de 1998 al 20 de Febrero de 2002 bajo la égida de Pastrana.
SECUESTROS Y DESAPARICIONES
De una manera o de otra, este enfrentamiento complejo implica a toda la población. Si los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sus cómplices de las fuerzas de seguridad llevan la responsabilidad de la inmensa mayoría de homicidios, “desapariciones” y actos de tortura, a la guerrilla se le atribuye la mayoría de los secuestros. Se estima alrededor de tres mil (cifra actualmente en disminución), el número de personas víctimas cada año de este flagelo.
En el año 2003, las FARC han sido responsables del 30,55 % de los secuestros, el ELN del 15,5 % y el resto se le atribuye a la delincuencia común . Hay una diferencia de abismal con las cifras a menudo citadas por los medios y que adelanta la página publicitaria de un cantor de variedad, publicada bajo el título “Renaud en la selva” anunciando una canción y el concierto de apoyo del 23 de febrero del 2006 para la liberación de Ingrid Betancourt “y de los tres mil rehenes de Colombia secuestrados por las FARC .
No vamos a lanzarnos en una batalla indecente de cifras que permitiría pensar que el secuestro de ochocientas o novecientas personas sería menos condenable que el de tres mil. Lo que es cierto, es que el impacto de este anuncio no tiene nada de inocente puesto que los sentimientos generosos movilizados en favor de la Señora Betancourt son a menudo utilizados, por estupidez, ignorancia o complicidad, para el más gran provecho del Gobierno colombiano.
De hecho, si la cautividad de la Señora Betancourt emociona, el ruido hecho alrededor de su suerte, molesta mucho también, y sobre todo en Colombia. No porque su familia, sus próximos, amigos bien posicionados entre los cuales se encuentra Dominique de Villepin o buenas voluntades se movilizan en su favor. “Hemos buscado por todas partes, declara, muy humana y muy digna, en Bogotá, su madre, Yolanda Pulecio. Hemos hecho presión sobre el Presidente, intentado ser escuchados por la guerrilla, hemos buscado apoyo en los Estados Unidos, en México, en Venezuela y, claro está, sobre todo en Francia... ¿Quien no haría lo mismo?”
Pero, para otros, que corren de conciertos de apoyo a los plató de televisión, una pregunta surge: ¿desarrollan igual energía para las víctimas no “franco-colombianas” de esta tragedia? Los sesenta y un otros “prisioneros políticos” de las FARC interesan mucho menos, sean el ex-gobernador del Meta (Alan Jara), el antiguo Ministro (Fernando Araujo), el senador (Luís Eladio Pérez), los diputados (Consuelo González, Orlando Beltrán y Oscar Lizcano), que sean militares o policías.....“Que diferencia hay entre el dolor de una madre de soldado y la de la madre de un hombre o de una mujer política?” pregunta Marleny Orjuela, presidenta d’Asfamipaz, la Asociación de las familias de miembros de la fuerza pública secuestrados y liberados por los grupos guerrilleros. “Ingrid se beneficia de un tratamiento de favor porque tiene la nacionalidad francesa y porque pertenece a una clase social privilegiada”, afirma Edna Margarita Salchali, hermana del subteniente Elkin Hernández, tomado como prisionero durante un combate, el 14 de Octubre de 1998. Se dice que hay secuestrados de primera y de segunda clase. A nosotros se nos ha olvidado.”
Especialmente... ¿Porqué ese silencio frente a las exageraciones de los paramilitares y del ejército? La Asociación de familias de secuestrados-desaparecidos (Asfaddes) afirma que existen cerca de siete mil casos documentados de personas secuestradas desde 1997 por los escuadrones de la muerte y cuyos cuerpos no han sido jamás hallados. ¿Quién fija en carteles sus retratos sobre el frontón de las Alcaldías? ¿Porqué no hacer campaña también, y al mismo tiempo, para denunciar una política de criminalización de la contestación social que lleva a cientos de colombianos, dirigentes o militantes sindicales y asociativos a las cárceles del Estado?
Que sea por “retención” de personas forzando a sus familiares a pagar un rescate (el “impuesto revolucionario” según los insurgentes), o por secuestros políticos, las FARC violan el “jus in bello” conjunto de reglas de conducta moralmente aceptables en tiempos de guerra. Este “derecho de la guerra” afirma que las poblaciones civiles no deben ser jamás consideradas como blanco de tiro. Según el numeral 1 (b) del artículo 3 común a las cuatro convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1948, y el artículo 4-2 del protocolo II adicional de junio 1977, las FARC deberían liberar a todos los secuestrados y rehenes “inmediatamente, sin condiciones y unilateralmente”.
Siendo esto bien claro, debe, con todo rigor, considerarse como rehén todo aquel que se encuentre entre sus manos? No sería mas conveniente hablar de combatientes prisioneros cuando se evoca el destino de treinta y seis oficiales, suboficiales y policías capturados en combate ? “Rehenes” Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonçalvez? Empleados de la empresa californiana Microwave Systems, subcontratante del Pentágono, cayeron en manos de los rebeldes cuando ocurrió el aterrizaje forzoso de su avión de espionaje Cesna 208 Caravan, perteneciente al gobierno de Estados Unidos, el 12 de febrero 2003, en zona de guerra, en Santana de las Hermosas (Caquetá). “Mercenarios” convendría mejor.
Los “sentimientos de injusticia” han jugado un papel cierto en la entrega de las armas de los insurgentes. Y su brutalidad no es ajena a este resentir. En agosto de 2001, encontramos, en el Sur de Bolívar, a proximidad del río Magdalena, rojo de la sangre derramada por los paramilitares, al comandante de una escuadra del ELN. Durante dos horas, en el fresco de una noche desolada, nos cuenta esta guerra inhumana. La voz es sorda, las palabras salen por ráfagas, el hombre necesita hablar. Después de un largo silencio, evoca a un senador secuestrado por su organización, del cual era el guardián, esperando que llegara el rescate “Gritaba y lloraba : porqué yo, que va a ser de mi familia, que les he hecho yo?. Le contesté: Usted pertenece a la clase política. A causa de usted, he pasado una niñez sin colegio, sin médico, en la indigencia mas completa. A causa de usted, mi familia no ha conocido más que la miseria. A causa de usted, no he tenido otra solución que la de tomar las armas. A causa de usted, moriré en la montaña, Entonces, no se queje, Usted va a pasar algunos meses inconfortables, no es pagar muy caro”.
En fin de cuentas, un antiguo presidente de la República, Alfonso López Michelsen, no dijo nada diferente cuando interpeló a la sociedad colombiana sobre el tema de los “buenos” y de los “malos” : “De la misma manera que el que ha tomado las armas y practica la extorsión es abominable a los ojos de los miembros del establishment, el que, a través de los beneficios que le da su posición social, económica y política, lucha para mantener el status-quo, apoyándose en armas oficiales, es igualmente abominable a los ojos de aquellos que militan en el campo contrario” .
El 28 de Marzo de 1984, las FARC, firmando los acuerdos de La Uribe, condenaron la práctica de los secuestros y se comprometieron a ponerles término. La negociación llevada con el presidente Betancur debía entonces, marcar la primera tentativa de inserción política a través de la creación de un partido, la Unión patriótica, y un cese al fuego. Militares y paramilitares han decidido diferentemente. La experiencia de la Unión patriótica, tres mil muertos, terminó en un baño de sangre . A la imagen de su organización, el comandante de las FARC, Iván Ríos hizo sus propias conclusiones: “Nosotros tenemos nuestras propias normas, que a veces coinciden con las del derecho internacional humanitario (DIH), pero la realidad de la confrontación colombiana no es totalmente tenida en cuenta por éste. El DIH no está adaptado a nuestra realidad” .
Esta guerra, como todas las guerras, tiene poca cosa en común con la moral. Se puede intentar atenuar los efectos más dolorosos. “Las FARC tienen, han tenido y tendrán siempre como objetivo político el intercambio de prisioneros”, nos afirma nuevamente el comandante Reyes. “intercambio humanitario” que el poder rechaza de manera obstinada. Desde el punto de vista de la guerrilla, además de la obtención de la liberación de sus combatientes, discutir sobre un pié de igualdad con el gobierno le devolvería un estatus político que la sacaría del estado de organización terrorista que le ha sido conferido y que rechaza violentamente.
Es precisamente lo que quiere evitar Uribe con su obsesión de una victoria militar sobre su “eje del Mal”. El se obstina en querer liberar a los secuestrados a través de operaciones militares. Con las consecuencias desastrosas que esto puede implicar. Pues en este caso, llevando a veces su lógica hasta lo insoportable, algunos frentes de las FARC hacen lo que han anunciado siempre: no permiten la liberación de ningún secuestrado. Son ejemplos, el destino del Gobernador del Departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, el del antiguo Ministro de la Defensa, Gilberto Echeverri, y de ocho militares, cuando, el 05 de Mayo de 2003, un comando en helicóptero se acercó al lugar donde se encontraban detenidos, en las cercanías de Frontino (Antioquia). Lo pagaron con sus vidas, ejecutados por los guerrilleros, según el testimonio de un superviviente. En las mismas circunstancias, asesinaron a la ex ministra de la cultura, consuelo Araujo Noguera.
A este respecto, la difusión de la segunda video-cassette registrada durante su cautiverio por la Señora Betancourt ha dado lugar a un despliegue mediático ambiguo . Los extractos difundidos o publicados han generalmente dicho que la ex senadora pedía al gobierno negociar la liberación de los soldados, todo y precisando que la libertad de los rehenes civiles no era “negociable”. Y sobre todo, ella daba en lo que la concierne, su fuego verde a una operación de rescate por los militares. En realidad, su declaración integral dice lo siguiente: “Rescate, si, definitivamente si, por principio. Pero no cualquier rescate. Los rescates terminan con éxito o no deben tener lugar. Colombia no puede caer en el expediente o, simplemente un rescate es una oportunidad política en la cual no se juega con la vida de numerosos ciudadanos, sino que el Estado tiene que salir ganador. Ganador si los secuestrados son liberados vivos, porque constituyen un trofeo y ganador igualmente si puede traer cadáveres porque se puede acusar al enemigo”.
Prisioneras de la angustia y de la incertidumbre, las familias de los secuestrados rechazan con fuerza este tipo de tentativa. “Que las fuerzas armadas me perdonen, dice la Señora Salchali, pero ellas son incapaces de llevar a bien una operación de liberación”. En cuanto al padre de un policía, suelta, los nervios a vivo pensando en esta eventualidad: “Hemos luchado durante años por su libertad, no tenemos ganas de verlos devolverse cubiertos con una bandera”.
Además, subraya Ana Caterina Heyck, abogada y especialista del DIH “para la liberación de los civiles y militares secuestrados por las FARC podemos apoyarnos en el artículo 3 común a las cuatro convenciones de Ginebra quien regula los conflictos armados internos y establece en su parte final lo que se conoce bajo los términos “acuerdos especiales”. Por otra parte, añade, estableciendo que la política de paz es una “política de Estado” permanente y participativa, la ley colombiana 434 de febrero 1998, permite igualmente la aplicación efectiva del DIH. “Ella determina la utilización prioritaria de recurrir al diálogo y a la negociación”.
Con la misma lógica y los mismos argumentos, Michael Frühling, director de la oficina del Alto Comisionado de la ONU declaró el 26 de Agosto de 2005 que el presidente Uribe debería hacer de la liberación de los “secuestrados” de la guerrilla una prioridad. Pero la ONU, en Bogotá, no tiene forzosamente olor de santidad.
En febrero 2005, Uribe pidió y obtuvo la revocación del Señor James Lemoyne, Consejero Especial del Secretariado General de la ONU para Colombia. En el pasado, éste último había desgastado mucha energía en el acercamiento de las partes durante los momentos difíciles que se presentaron en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno Pastrana. Cuando la administración guerrera de Uribe llegó al poder, no se lo perdonó. El 03 de Agosto de 2004, el Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo, no pudo contenerse y dijo en el Senado, evocando este período: “Los comisarios iban a beber whiskye con los guerrilleros y los embajadores se entusiasmaban hasta el delirio para hacerse fotografiar en compañía de un hombre en tenida de camuflaje y con un fusil”.
Y además, el hablar claro de Lemoyne exasperaba. No consideraba las FARC como una organización “de carácter político”. Diplomático con el verbo abrupto no dudó en acusar públicamente al gobierno: “Si no quiere acercarse a las FARC, que lo diga. Hay demasiadas voces oficiales que dicen que si, que no, diciendo, que quizás, que imposible o que posible. Esto no da confianza a las FARC” . Ante los obstáculos a su trabajo que el poder le ponía, la misión de buenos oficios de las Naciones Unidas, invitada por las FARC, se retiró en abril 2005.
Muy implicada en la búsqueda de una solución, la Iglesia no ha sido más favorecida. El 31 de Enero de 2003, miembro de una comisión de facilitación integrada igualmente por el Padre Darío Echeverri y el antiguo Ministro del trabajo, Argelino Garzón, Monseñor Luís Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, se prepara a reunirse con el secretariado de las FARC. En términos medidos, función obliga, no da la prueba de ninguna indulgencia hacia ellas. “Las FARC hacen prueba de una insensibilidad terrible, nos confió recientemente. Ellas no pueden decir que la suerte se sus prisioneros es la misma que la de sus guerrilleros. Estos han pasado en juicio, tienen derecho a visitas. Los secuestrados non. Pueden pasarse tres años sin que llegue el mínimo signo de vida.” Como hombre de paz, privilegia el camino de la negociación. En especial porque, cuenta, “Hace algunos años he podido trabajar, dialogar con las FARC y realizar la liberación de ochenta soldados. Ya nos conocíamos, era fácil hablar...”.
En el preciso momento cuando comienza a encontrarse con el secretariado, el presidente Uribe lanza une gigantesca operación militar, el plan Patriota. Decidido a desafiar el peligro y a llevar su misión adelante, cueste lo que cueste, el Obispo será finalmente disuadido por las FARC: “No venga más, aquí no hay más que sangre”. “El plan Patriota, se lamenta Monseñor Castro, ha creado una pared entre ellos y nosotros. Esto nos ha impedido seguir este tipo de encuentro. De manera que nuestros contactos se hacen únicamente por correspondencia o a través de correos electrónicos”.
El 02 de Enero del 2004, en una operación de los servicios secretos colombianos y americanos, el comandante guerrillero Simón Trinidad, designado para negociar la liberación de los secuestrados, será arrestado en El Ecuador. “Estaba en Quito para establecer un contacto con James Lemoyne, pues deseábamos reunirnos con él, explica el comandante Reyes. Como era difícil de hacerlo en Colombia pues Lemoyne hubiese tenido que pedir la autorización a Uribe, y que no queremos deber ningún favor à este último, tuvimos que buscar otro lugar para conversar”. Entregado a las autoridades colombianas, Trinidad fue extraditado el 31 de Diciembre del 2004 hacia los Estados Unidos, sobre la base de un dossier americano constituido con toda rapidez, trece horas después del plazo final que había dado el gobierno para que las FARC liberasen a sesenta y cinco prisioneros.
El 13 de Diciembre de 2004, en Caracas, fue el turno de Rodrigo Granda en ser capturado por los servicios secretos colombianos. Conocido como el Ministro de Relaciones Exteriores de las FARC, Granda había sido comisionado para dialogar con París sobre una solución posible al “asunto Betancourt” a través de la Embajada de Francia en Venezuela.
La cercanía de la elección presidencial en mayo próximo, a la cual se presenta nuevamente Uribe, parece modificar un poco el orden de las cosas. Y con razón: como los antiguos presidentes Alfonso López, Ernesto Samper, Julio Cesar Turbay, y el ex procurador general Jaime Bernal, la mayoría de los colombianos dicen ser favorables al intercambio humanitario. A mediados de Agosto de 2004, el poder propuso liberar unilateralmente a cincuenta guerrilleros que saldrían al extranjero o se integrarían a un programa de reinserción, para el intercambio de secuestrados políticos. Pero, si bien las FARC aceptaron negociar con Restrepo, exigieron sin embargo que las conversaciones se hicieran de frente y no por Internet como lo sugirió el Gobierno. Mas tarde, las FARC rechazaron que ese diálogo tuviese lugar en la sede de la nunciatura apostólica o en una Embajada. Y porqué no “en una pequeña escuela o una pequeña Iglesia” ironiza Reyes...
Los rebeldes insisten para que ese encuentro tenga lugar en una “zona de seguridad” desmilitarizada, en los Municipios de Pradera y Florida . “No queremos hacer correr el mínimo riesgo ni a los prisioneros, ni a los negociadores, ni al gobierno, ni a los observadores internacionales ni a nosotros mismos, precisa Reyes. Que Uribe retire las tropas durante treinta días, que dé una fecha precisa y, si nos ponemos de acuerdo, procedemos al intercambio de una vez”.
Las familias de los secuestrados se exasperan igualmente contra el poder como contra la oposición armada. “”Somos familias del pueblo, como dice la guerrilla, que nos devuelvan los muchachos” se subleva la señora Orjuela, mientras que Mario Enrique Murillos, padre de un soldado no esconde su cólera: “Nuestros hijos se habían enrolado por el sueldo, a causa del paro, es también el problema! Si han sido hecho prisioneros, es defendiendo la Patria. Entonces, que el Jefe de Estado nos eche una mano!”.
En diciembre del 2005, el gobierno francés, el español y el suizo se acercaron a Bogotá para intentar desbloquear la situación. Buscando hasta donde podría ir el acercamiento, los diplomáticos europeos deseaban trabajar con discreción y solicitaron la más absoluta confidencialidad al presidente. “Entonces, que hace Uribe?” se enfada el comandante Reyes. Cada vez que los franceses o la comunidad hacen una propuesta, la sabotea o, si le conviene, se la apropia para parecer generoso”. El 14 de diciembre, en efecto, “olvidando” la discreción solicitada, Uribe anuncia con ruido que, respondiendo a la iniciativa europea, acepta establecer una zona desmilitarizada de 180 km2 en El Retiro (Valle del Cauca)-.
“Uribe aparece en una rueda de prensa...continua el comandante Reyes. Declara que acepta la propuesta y que tenemos que aceptarla. En ese momento, no la conocíamos siquiera! Nos llegó después.” Intransigencia? Mala fé? En términos prudentes, Monseñor Castro confirma implícitamente este propósito. “Había en ese momento un obstáculo en términos de seguridad. En la formula propuesta, la seguridad de las FARC sería asumida por la comunidad internacional. Pero de quien se trata? Un embajador, un delegado? Esto no da a las FARC quienes están en guerra, ninguna garantía. Y no delegan su seguridad. Lanzar la propuesta a la opinión pública antes de haberla comunicado a la guerrilla ha sido un lamentable error, debía habérsele consultado primero.”
Después de este episodio, los insurgentes han decidido: “Mientras Uribe sea presidente, no habrá intercambio humanitario”. Sumergiendo a las familias de los secuestrados, como a las de guerrilleros prisioneros en un profundo desespero. La ausencia de un verdadero leadership de oposición y el peso de los paramilitares desmovilizados para engañar en la campaña electoral, con amenazas y coerciones, abren la vía a una posible reelección de Uribe.
Si el candidato Carlos Gaviria – del Polo democrático alternativo (centro izquierda) se ha pronunciado en favor del intercambio humanitario, el que ha avanzado más en este terreno es el candidato independiente, Álvaro Leyva. Candidato libre, procedente del Partido Conservador, ex Ministro y principalmente, ex negociador bajo diferentes presidencias, con varias guerrillas, hace campaña prometiendo “el intercambio humanitario inmediatamente y la paz en seis meses”. Reuniéndose, el 22 de Diciembre de 2005, con este pretendiente relegado en los sondeos y marginalizado por los medios, Manuel Marulanda, el líder histórico de las FARC, le ha tendido evidentemente una mano. La oposición armada, anunciando el 04 de marzo que, como seguimiento a estas conversaciones, las FARC están dispuestas a liberar a dos policías, Eder Luís Almanza y Carlos Alberto Logarda, ha hecho implícitamente de Leyva “su” candidato.
A pesar de todo, Uribe es el favorito incontestable. Dicen en Bogotá, que si se mantiene en el poder, las presiones internacionales tendrán que jugar un papel decisivo en el destino de los prisioneros. Monseñor Castro lo desea a medias palabras: “Estamos en sintonía con ellas, las apoyamos”. Así como Virginia Franco, madre del capitán Luís Alfonso Beltrán Franco, secuestrado el 30 de marzo de 1998 en El Billar (Caquetá): “Esperamos mucho de los países que apoyan el intercambio humanitario. La comunidad internacional es muy importante para nosotros. Sentimos un respiro, un alivio”. Como resultado de esto, paradójicamente, el reproche hecho a la movilización diplomática de París en favor de la Señora Betancourt cambió de opinión: “Si somos pragmáticos, sonríe amargamente la Señora Heyck, tenemos que concluir que es una “suerte” que esté secuestrada. Si Francia no hiciese presión sobre su caso, el gobierno no se movería de un milímetro, tanto por ella como por los otros prisioneros”.
La Colombie d’Ingrid Betancourt – Le Monde diplomatique

Timpano dijo...

No me sorprende que la compañia más grande de explotación de oro de la China, Zijin Mining Group Co.(propietario de Majaz), tenga ese tipo de “domesticos”, que incluye tambien a “famosos” ambientalistas.
A junio de este año la Utilidad Neta de esta empresa, alcanzó 1,2 milliardos de yuanes (158 millones de dolares!!), es decir su utilidad según informes financieros ha crecido en un 81%, en esta primera mitad del año.
Estoy seguro que sus niveles de utilidades serán mayores en el Perú,porque simplemente hay un grupusculo de idiotas que está regalando el país.
Este proyecto(Rio Blanco) deberia estar a cargo del Estado!

ojo_deagua dijo...

Hola:


el link para descargar el último programa, del día 20 de setiembre, esta perdido, por favor ojala puedan re-establecer el contacto.

Gracias por el trabajo del Sr. Hildebrant y de quien los sube a la web.


sls


Walter Aparicio
Cusco

aldiaconhildebrandt dijo...

Gracias por avisarnos del error. El archivo zip ya se puede descargar.

Anónimo dijo...

Buenas Tardes, por favor si fuese posible que los archivos mp3's del programa radial, esten colgados en el dia, les agradeceremos bastante los que estamos en provincia. Cuando se quiere escuchar en vivo por la web de radio san borja, debido al trafico, se escucha con recortes.
De antemano le doy la gracias Sr. Hildebrandt y tambien a su equipo tecnico.
Edwin Rojas
Tacna

Jussara Lazo dijo...

Me parece muy interesante la denuncia sobre la minera Majaz y el Presidente del CONAM, yo concuerdo con Ud. en que el Perú las personas no tienen una postura definida, esto es solo una muestra. Pasa en todos lados, desde los Presidente, Congresistas, Ministros, hasta en la gente más humilde. Creo que es una cuestión de valores y formación. Saludos